Familia colombiana presenta primera denuncia ante la CIDH por ataques de EE. UU. en el Caribe

Una familia colombiana denunció el martes 2 de diciembre al Gobierno de Donald Trump ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la muerte de Alejandro Carranza Medina, un pescador presuntamente asesinado en un ataque aéreo estadounidense, ocurrido el pasado 15 de septiembre en aguas del Caribe. Cerca de 80 personas han muerto en más de una veintena de embestidas a embarcaciones que, según Washington, se dedicaban al narcotráfico. 

“El 15 de septiembre de 2025, el Ejército estadounidense bombardeó la embarcación de Alejandro Andrés Carranza Medina”, se lee en la primera denuncia formal contra EE. UU. por los ataques contra supuestas narcolanchas en el mar caribe, publicada en un informe del diario británico ‘The Guardian’.  

En línea con organizaciones como la ONU, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, el abogado de derechos humanos, Dan Kovalik–quien interpuso la denuncia en nombre de la familia ante la CIDH–afirmó que los bombardeos en el Caribe constituyen “ejecuciones extrajudiciales”.

El letrado apunta al secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, como el responsable de las muertes en el Caribe. 

“Fue responsable de ordenar el bombardeo de embarcaciones como las de Alejandro Carranza Medina y el asesinato de todos sus ocupantes (…) A pesar de desconocer la identidad de las personas que eran objeto de estos atentados”, se lee en la denuncia, en la que también aparece el nombre de Trump, quien “ha ratificado la conducta del secretario Hegseth”.

“Al llevar a cabo esta ejecución extrajudicial, Estados Unidos ha violado la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, sostiene la denuncia de la familia colombiana que busca justicia en la CIDH.

El abogado Kovalik se mostró confiado en que la denuncia ayudará a “impugnar el asesinato de Alejandro” y a “buscar reparación para la familia”.

“Queremos que se ordene a Estados Unidos que detenga estos ataques a embarcaciones. Puede que sea un primer paso, pero creemos que es un buen primer paso”, agregó.

El abogado Kovalik se mostró confiado en que la denuncia ayudará a “impugnar el asesinato de Alejandro” y a “buscar reparación para la familia”.

“Queremos que se ordene a Estados Unidos que detenga estos ataques a embarcaciones. Puede que sea un primer paso, pero creemos que es un buen primer paso”, agregó.

La institución, con sede en Washington, fue elogiada en marzo por el Departamento de Estado de la Administración Trump, que afirmó que la independencia del organismo “es un pilar de nuestra política de derechos humanos en la región”.

Aún es incierto el pronunciamiento que tendrá la CIDH y si entonces el Gobierno del republicano seguirá elogiando su accionar.

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¿Qué pasó ese 2 de septiembre?

El documento revela la existencia de un supuesto testigo del ataque, que ha solicitado permanecer en el anonimato debido a las “amenazas de los paramilitares”, según informó el diario ‘El País’, que también tuvo acceso a la denuncia.

La Casa Blanca ha ordenado bombardear más de 20 embarcaciones en el mar Caribe, desde septiembre de 2025. La muerte de Carranza se produjo en el segundo bombardeo, que el propio Trump anunció en su plataforma Truth Social.

“Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Militares de EE. UU. llevaron a cabo un segundo ataque cinético contra cárteles de narcotráfico y narcoterroristas, identificados positivamente y extraordinariamente violentos, en el área de responsabilidad del Comando Sur”, señaló entonces el republicano en un mensaje que acompañó con un video marcado como “desclasificado”.

En las imágenes se aprecia una pequeña embarcación en el mar, segundos antes de ser impactada desde el aire. Aunque Trump aseguró que la tripulación era “de Venezuela”, el Gobierno colombiano pronto identificó a las víctimas como ciudadanos del país latinoamericano.

¿Pescadores o traficantes?

Las al menos 83 personas muertas, según las cifras divulgadas por EE. UU., en los bombardeos contra supuestas narcolanchas en el Caribe y Pacífico oriental han sido presentadas por Washington como delincuentes que transportaban droga hacia EE. UU., pero hasta ahora la Administración Trump no ha mostrado públicamente pruebas que demuestren que esas embarcaciones transportaban drogas.

Además, en Trinidad y Tobago, Venezuela y Colombia hay familias que sostienen que sus allegados, que aseguran murieron en esos ataques, se dedicaban a la pesca.

Una investigación de la agencia estadounidense AP reveló las identidades de cuatro de los hombres y recopiló detalles de al menos otros cinco que fueron asesinados en el Caribe.

“La mayoría de los nueve hombres tripulaban dichas embarcaciones por primera o segunda vez, ganando al menos 500 dólares por viaje, según residentes y familiares. Eran obreros, un pescador y un mototaxista”, señala la investigación, que también identificó a “dos delincuentes profesionales de poca monta” y de un “conocido jefe mafioso local que subcontrataba sus servicios de contrabando a traficantes”.

En Trinidad y Tobago, Lynette Burnley, tía de Chad Joseph, asesinado en el mar por un bombardeo en octubre, aseguró que el fallecido “había salido a pescar”, antes de que se dañara el motor de su bote y tuviera que regresar en otra embarcación que se ofreció a transportarlo. 

La familia de Carranza también insistió a ‘The Guardian‘ que el fallecido se dedicaba a la pesca “y solía salir a buscar marlín y atún”.

Sean Parnell, portavoz principal del Pentágono, reafirmó en noviembre la versión del Departamento de Defensa, según la cual los organismos de inteligencia “confirmaron que los individuos involucrados en estas operaciones de drogas eran narcoterroristas”.

Desde que empezaron los bombardeos contra lanchas en el Caribe, algunos pescadores de Trinidad y Tobago temen salir al mar por miedo a las consecuencias.

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Escrutinio a Hegseth tras presunto ataque a sobrevivientes

Antes del ataque que mató a Alejandro Carranza, la Administración Trump ordenó el primer bombardeo contra embarcaciones en el Caribe, el 2 de septiembre. Fue uno de los episodios con más víctimas, con 11 muertos reportados.

Pero esta semana, tres meses después de ese bombardeo, Hegseth fue señalado por ‘The Washington Post’ de haber ordenado “matarlos a todos” aquel día. El medio estadounidense apunta a que la afirmación del secretario de Defensa pudo haber propiciado el segundo bombardeo contra dos sobrevivientes del primer impacto. La Casa Blanca confirmó este martes ese segundo ataque.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, afirmó el lunes que “el secretario Hegseth autorizó al almirante Bradley a realizar estos ataques cinéticos”. La portavoz defendió que el bombardeo contra los sobrevivientes que se aferraban a los pedazos flotantes de la lancha se ejecutó “en defensa propia” y “dentro de la autoridad y de la ley”.

Sin embargo, el derecho internacional humanitario prohíbe los ataques contra combatientes incapacitados. El Manual de Derecho de la Guerra del Departamento de Defensa establece que los náufragos no pueden ser atacados deliberadamente y deben recibir atención médica, a menos que actúen con hostilidad o intenten escapar.

Tanto demócratas como republicanos han iniciado un escrutinio en el Congreso sobre el bombardeo del 2 de septiembre.

En medio de la polémica, Hegseth aseguró que él no dio directamente la orden de matar a los sobrevivientes y denunció una supuesta “manipulación” mediática. El secretario de Defensa afirmó el martes que había visto en tiempo real el primer ataque, pero no vio sobrevivientes en el agua. Asimismo, aseguró que no vio el segundo ataque letal que describió como llevado a cabo en la “niebla de la guerra”.

“Al llevar a cabo esta ejecución extrajudicial, Estados Unidos ha violado la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre”, sostiene la denuncia de la familia colombiana que busca justicia en la CIDH.

La institución, con sede en Washington, fue elogiada en marzo por el Departamento de Estado de la Administración Trump, que afirmó que la independencia del organismo “es un pilar de nuestra política de derechos humanos en la región”.

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Con AP y medios locales